Resumen: La Audiencia estima el recurso interpuesto por el padre y revoca parcialmente la sentencia apelada. Acuerda la suspensión temporal de la obligación de pago de la pensión de alimentos y del 50% de los gastos extraordinarios a cargo del apelante, mientras este permanezca interno en un centro penitenciario. Se reconoce que el apelante se encuentra en una situación de pobreza extrema, sin ingresos ni recursos económicos, lo que justifica la suspensión de la obligación alimentaria. No obstante, se aclara que, una vez que cese su situación de internamiento, la obligación de pago de alimentos y gastos extraordinarios volverá a estar en vigor.
Resumen: La sociedad estaba formada por dos esposos como socios. Al fallecer uno de ellos se forma una sociedad postganancial y en esa situación se celebra Junta General de la sociedad, en la que un hijo representa a esa comunidad aún no liquidada. Las representaciones y acuerdos de esa comunidad han sido objeto de diversos procedimientos judiciales, incluso penales (falsedades), lo que da origen al estudio relativo a la designación de representantes legales en la LSC. El régimen de copropiedad de las participaciones sociales se remite al de copropiedad del C. civil (art. 398). Lo mismo para las sociedades postgananciales. Es la comunidad hereditaria, no los coherederos la que forma parte de la sociedad, no los coherederos; comunidad germánica. Se precisa, pues la doble mayoría de comuneros y cuotas, que en este caso no se había logrado para nombrar representante de la comunidad postganancial. Por lo que no se constituyó válidamente la Junta de la sociedad. Declarándose nulos los acuerdos.
Resumen: La cantidad que se fija en la sentencia no guarda la proporcionalidad que debe cumplirse al fijar la pensión puesto que solo atiende a los ingresos del padre pero no a las necesidades reales del hijo menor y sin atender al cambio de circunstancias como es el tener un nuevo hijo pero tampoco se comparte que se haya acreditado que con la cantidad que postula el padre se cubra todas las necesidades del menor por ello y atendiendo a la proporcionalidad la fija en menos que la sentencia pero mas que lo solicitado por el padre.
Resumen: La Audiencia estima el recurso de apelación, revocando dicha resolución. Declara que el joven, en cuestión, debía quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados. La decisión se fundamenta en la consideración de que la fecha de nacimiento que consta en un documento oficial no ha sido invalidada y que, a pesar de las pruebas médicas que indicaban una edad mínima de 18 años, no se puede afirmar con certeza indubitada que dicha información prevalezca sobre la documentación oficial presentada.La sentencia subraya la importancia de la documentación oficial en la determinación de la edad de menores no acompañados, estableciendo que las pruebas médicas no pueden prevalecer sobre documentos válidos y no impugnados, lo que refuerza la protección de los derechos de los menores en situaciones de incertidumbre.
Resumen: Que haya quedado probada una mejoría económica del padre no implica el mero automatismo de que se incremente la pensión en la cuantía que decida la parte demandante, sino que por el contrario ello deberá seguir modulándose en atención a los parámetros generales de fijación de toda pensión de alimentos, que es lo que lleva a efecto, con entera corrección, la sentencia apelada, parámetros atinentes esencialmente a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentista
Resumen: Carece de objeto resolver sobre unas medidas respecto de las cuales el hijo mayor de edad dispone plenamente en ejercicio de sus derechos civiles como adulto cal ser una circunstancia que responde a un previsible e inexorable efecto ex lege lo que determina una ineludible carencia sobrevenida de objeto del recurso.
Resumen: A pesar que concurre conflictividad entre los padres ello obsta a establecer la custodia compartida porque la mala relación no puede ser obstáculo a la custodia compartida, dado que en el presente caso ambos progenitores presentan habilidades parentales para ejercer este tipo de custodia y el bienestar del menor se considera plenamente protegido ya que el menor tiene vinculo afectivo con ambos, el informe pericial destaca capacitación de ambos; la residencia de ambos es cercana y el padre tiene apoyo de su pareja actual; y en cuanto a los alimentos no se ofrece criterio para modificar que cada uno los abone cuando esta en su custodia el hijo ponderando la diferencia de lo ingresos cuando para el resto de los gastos fija un porcentaje mayo a cargo del padre.
Resumen: De la custodia no se dan circunstancias para modificar la custodia compartida ya que no hay datos para concluir que le perjudique al menor y aun cuando concurra vínculos afectivos fuertes con la madre ello no es relevante para modificar la custodia no apreciando que el cambio de residencia beneficie el desarrollo afectivo de la menor si bien en cuanto a las circunstancias de la madre que no cuenta con arraigo ni apoyo familiar si se concede que el uso de la vivienda lo sea por dos años sin modificar el porcentaje de cada progenitor en la pensión de alimentos ya que la acordada se encuentra ponderada a los ingresos de cada uno de los padres
Resumen: Interés superior del menor. Base normativa. Valoración del interés superior de los menores como primordial y prevalente con respecto a cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Pautas valorativas en la legislación específica apreciadas conjuntamente conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, y cualesquiera a tener en cuenta según las circunstancias concurrentes. Prioridad de la permanencia del menor en su familia de origen así como el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre bajo la condición normativa de que sea posible y positivo para el menor. Principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores. A los efectos de valorar las posibilidades y conveniencia del retorno de un menor que hubiera sido separado de su núcleo familiar, se tendrá en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia. El interés superior del menor en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Reintegración de los menores en sus familias biológicas. Las medidas que deben adoptarse respecto del menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social del menor contemplando el posible retorno a la familia natural siempre que sea compatible con las medidas más favorables al interés del menor. Valoración de las concretas circunstancias concurrentes.
Resumen: La Audiencia desestima ambos recursos de apelación interpuestos por los progenitores en relación con el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que había denegado el traslado del menor a Málaga y la autorización para viajar al extranjero. Se argumenta que el cambio de domicilio y colegio del menor no es compatible con el interés superior del mismo, ya que el menor ha expresado su deseo de permanecer en Barcelona, donde ha establecido vínculos sociales y escolares. La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar la estabilidad y el desarrollo equilibrado del menor, así como en la falta de justificación para el cambio solicitado. Se establece que el menor tiene derecho a relacionarse con su familia extensa y que no se ha demostrado un riesgo de sustracción. La Audiencia subraya que el padre, en virtud de la potestad parental, debe comunicar a la madre los detalles de los viajes, pero no puede ser impedido de viajar con su hijo sin una causa justificada. En consecuencia, se confirma la resolución del Juzgado.
